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ICALBA expresa su disconformidad con el convenio suscrito entre el Instituto de La Mujer de Castilla-La Mancha y AMFORMAD.

ICALBA | 14-09-2018

El Colegio albaceteño critica con contundencia las declaraciones efectuadas por algún responsable público en contra de los profesionales del turno de oficio.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete, por acuerdo unánime de su Junta de Gobierno, ante el Convenio firmado entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y la asociación AMFORMAD, en materia de asistencia jurídica a víctimas de agresiones sexuales, pone de manifiesto su total disconformidad con el mismo, así como su indignación por el agravio sufrido por los Letrados y las Letradas que prestan sus servicios en el Turno de Oficio.

Los profesionales adscritos al Turno de Oficio vienen prestando el servicio de asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, acreedoras de las prestaciones de justicia gratuita, en base a lo dispuesto por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Igualmente, las víctimas de agresiones sexuales cuyos ingresos no superen lo establecido en la Ley 1/96, tienen el derecho de asistencia jurídica gratuita y han venido siendo atendidas por profesionales adscritos al Turno de Oficio.

Este servicio era completado para casos residuales, por el convenio suscrito entre el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, que integra los seis colegios profesionales de la Comunidad Autónoma. En base a dicho convenio, se atienden los asuntos relativos a violencia de género y agresiones sexuales no cubiertas por la asistencia jurídica gratuita. El carácter residual de este supuesto lo demuestra el hecho de que no se ha aplicado prácticamente durante los años 2017 y 2018.

La  posible prestación por tal servicio por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, alcanzaba una cifra cercana a los 20.000 euros para los seis Colegios, cantidad que comprendía formación, gestión y servicios efectivamente prestados. Esa cantidad se reducía a la mitad en la propuesta realizada para el ejercicio 2018/2019 por el Instituto de la Mujer.

En virtud del acuerdo suscrito recientemente por el Instituto de la Mujer con la citada asociación (AMFORMAD) se destina a la misma una cantidad superior a 230.000 euros por el periodo de un año, que comprende diversos conceptos vinculados a la prestación del servicio. Como hemos venido señalando, tal servicio, en el ámbito jurídico, se presta a coste mínimo por los profesionales del Turno de Oficio.

Más grave para la Abogacía que destinar una importante cantidad de dinero público a favor de una asociación privada para la prestación de unos servicios que, con total eficiencia y coste mínimo para el contribuyente, vienen realizando los profesionales adscritos al Turno de Oficio, han sido las manifestaciones, a todas luces impropias de algún responsable público que, acerca de dichos abogados y abogadas, han sido realizadas por profesionales de la política para justificar el citado convenio.

Tales manifestaciones, realizadas desde el desconocimiento de la dedicación, la formación y sacrificio propios de la Abogacía en el ejercicio de una función social, obvian que los miles de Abogados y Abogadas que en toda España prestan sus servicios, por una mínima compensación, en el Turno de Oficio representan la imagen de la tutela efectiva del ciudadano y del derecho de defensa de los más humildes garantizados por el artículo 24 de la Constitución.

Estos profesionales, no sujetos a instrucción o directriz alguna, sino con pleno sometimiento a la Ley y a la Libertad e Independencia que caracterizan la actuación de la Abogacía, representan a los más desfavorecidos y defienden sus derechos 24 horas al día 365 días al año.

Las Abogadas y Abogados del Turno de Oficio merecen el reconocimiento de su trabajo, dedicación y sacrificio, merecen una retribución adecuada al trabajo que desempeñan, pero sobre todo, se merecen ser tratados con la dignidad propia de la importante misión que realizan. Su actuación en defensa de los más necesitados, en el ejercicio del derecho constitucional de los mismos, no puede ser calificada por nadie de forma tan injusta como desconsiderada.

 

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COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE ALBACETE - 2014
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