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Justicia ultima la revisión de la Ley de Tasas en la Administración de Justicia

Fuente: EUROPA PRESS - CGAE | 04-02-2015

El Ministerio de Justicia está ultimando su propuesta para revisar el vigente sistema de tasas judiciales impulsado en su momento por este departamento cuando todavía lo dirigía Alberto Ruiz Gallardón.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de los planes de Justicia, el Ministerio está preparando una modificación que beneficiará a las personas físicas afectadas por esta tasa y que se acerca a las reivindicaciones que vienen planteando sectores profesionales como la abogacía.   

La Ley de Tasas en la Administración de Justicia se aprobó en noviembre de 2012 y apenas tres meses después y tras un informe crítico de la Oficina del Defensor del Pueblo, se sometió una primera modificación para rebajar ciertas cuantías y exonerar directamente del pago de las mismas para determinados trámites como separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.

Sin embargo, varios sectores profesionales, como el Consejo General de la Abogacía a la cabeza, expresaron su oposición a la reforma porque no modificaba la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo.   

Al suceder a Gallardón al frente del Ministerio de Justicia el pasado mes de septiembre, el nuevo ministro, Rafael Catalá, anunció que las tasas volverían a revisarse y ya tiene casi ultimada la propuesta que va piensa elevar en breve al Consejo de Ministros. Eso sí, tiene que recibir el visto bueno también del Ministerio de Hacienda ya que podría suponer merma de ingresos para las arcas públicas.   

Desde el Consejo General de la Abogacía se reclama directamente la supresión de las tasas que tienen que pagar las personas físicas y, aunque aún no se ha cerrado un texto definitivo no se descarta que éstas puedan suprimirse en algunos casos y que, para compensar los efectos negativos sobre la recaudación, las que tienen que abonar las empresas se vean incrementadas.

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