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La Abogacía alegará contra la LECrim

CGAE | 12-01-2015

La Abogacía alegará contra la LECrim para que el Abogado pueda entrevistarse con el detenido incomuinicado

El Consejo General de la Abogacía Española presentará alegaciones  al anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), entre las cuales alertará de que privar al detenido incomunicado de entrevistarse con su abogado “merma su derecho de defensa” y sienta una excepción que puede dar lugar a aplicarla indebidamente.

El miembro de la Comisión de Estudios del Consejo de la Abogacía y Decano del Colegio de Abogados de Albacete, Julio Gabino García Bueno, ha explicado a Europa Press que es uno de los artículos que los letrados cuestionarán de la reforma del Gobierno, para evitar que haya “discrecionalidad” en la limitación de un derecho fundamental.

El anteproyecto del ministro de Justicia, Rafael Catalá, modifica el artículo 527 de la LECrim para establecer la posibilidad de que el detenido o preso que se halle incomunicado pueda ser privado de su derecho a entrevistarse reservadamente con un abogado o a acceder a las actuaciones, incluido el atestado policial, lo que también se impide al letrado “atendiendo a las circunstancias específicas del caso”.


CLARIFICAR LA REGULACIÓN


Para la Abogacía, es necesario “clarificar” esta regulación, que solo podría estar contemplada en “un caso muy grave”, como si el abogado del detenido estuviera siendo objeto de la investigación en ese mismo procedimiento.

 

“Fuera de eso, la situación de incomunicación ya lleva consigo una merma de derechos, a la que ahora se añadiría una más”, ha indicado el experto, para advertir de que esta idea “crea una excepción, que puede ser llegar a ser mal intepretada o mal aplicada”.


En cuanto a las limitaciones de acceder al atestado policial, el Consejo de la Abogacía pedirá también la “clarificación” de este asunto con el fin de “evitar arbitrariedades”. Respecto a los plazos en la instrucción, Julio García Bueno ha apostado por la oficina judicial, el aumento de medios y el número de jueces y fiscales.

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