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La Reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil

Wolters Kluwer Consultor Jurídico | 10-06-2016

Aspectos básicos de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

 

Las claves de la Ley de reforma

 

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
 

 

 

 

Entrada en vigor:

El 7 de octubre de 2015, el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto:

a) Las previsiones relativas a la obligatoriedad de todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales y fiscalías, de emplear los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se inicien a partir de esta fecha.

b) Las previsiones relativas al archivo electrónico de apoderamientos apud acta y al uso por los interesados que no sean profesionales de la justicia de los sistemas telemáticos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.

c) Las modificaciones de los artículos 648, 649, 656, 660 y 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sobre las subastas electrónicas, que entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

Finalidad de la norma:

La mejora del proceso civil a fin de lograr la pretendida modernización y agilización de la justicia, mediante el reforzamiento de las funciones del procurador y el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación, pero se ha aprovechado la reforma para otras cuestiones, como la introducción de ciertas modificaciones en la regulación del juicio verbal civil y del proceso monitorio, o la modificación del sistema de prescripción del Código Civil.

Contenido más relevante:

Destacan cinco aspectos esenciales:

Tecnologías de la información y la comunicación

La novedad más importante es que a partir del 1 de enero de 2016, tanto los profesionales como los órganos judiciales estarán obligados a emplear los medios electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y la realización de actos de comunicación procesal.

Nuevas atribuciones de los procuradores

Se mantiene la opción de realizar los actos de comunicación y ciertos de ejecución, bien por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, bien por los procuradores, pero avanza y refuerza esta segunda opción, reconociendo a estos últimos para la ejecución de los actos de comunicación la capacidad de certificar, sin necesidad de testigos. Además, en todo escrito por el que se inicie un procedimiento judicial, de ejecución, u otra instancia, el solicitante habrá de expresar si desea que los actos de comunicación se realicen por su procurador, entendiendo que, en caso de no efectuar esa manifestación, se practicarán por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial.

Juicio verbal

El juicio verbal, cuya denominación apunta a su principal rasgo caracterizador, la dominancia del principio de oralidad, en buena medida se “desnaturaliza”, por cuanto, en aras a reforzar el derecho de defensa, se generaliza la contestación escrita que en la actualidad se prevé solo para determinados procesos especiales, lo cual supone la modificación de todos los preceptos relacionados con el trámite del acto de la vista en el juicio verbal.

Proceso monitorio

En el ámbito del proceso monitorio, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 14 de junio de 2012, en el asunto C-618 Banco Español de Crédito, en relación con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se establece la posibilidad de que si la reclamación de la deuda se funda en un contrato entre un empresario o profesional y un consumidor o usuario el Juez pueda verificar la existencia de cláusulas abusivas.

Prescripción

Se acorta el plazo general de prescripción de las acciones personales que no tengan señalado plazo especial, estableciendo un plazo general de cinco años frente a los quince que venían fijados en el art. 1964 CCiv, enmarcándose dentro de las medidas legislativas de "segunda oportunidad".
 

Régimen transitorio:

Se establece un régimen transitorio, en lo que constituye su contenido esencial, para:

-Los procesos de juicio verbal y monitorio que estén tramitándose al tiempo de la entrada en vigor de la Ley.

-Las nuevas funciones atribuidas a los procuradores.

-La presentación de escritos y documentos y realización de actos de comunicación por medios telemáticos.

-El régimen de prescripción aplicable a relaciones jurídicas ya existentes.
 

Modifica:

-Código Civil.

-Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre la propiedad horizontal.

-Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

-Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

-Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

-Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

-Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

-Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Victimas del Terrorismo.

-Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

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