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Protección Civil y Penal de la Persona con Discapacidad

| 28-07-2015

Los días 8 a 10 de mayo de 2013 se celebraron las Jornadas sobre "Ámbito de protección civil y penal de la persona con discapacidad" organizadas por el CGPJ, Escuela Judicial y el Foro Justicia y Discapacidad en Valencia.

La protección que se planteaba en dos direcciones: en relación a los propios colegiados, para que todas aquellas barreras físicas que dificulten su desarrollo profesional  se vayan eliminando y, por otro lado, velar para que se protejan los derechos de los clientes afectados de discapacidad, en especial psíquica.

Aun cuando por el hecho de tener una discapacidad física o mental, las personas no precisan necesariamente un trato especial, éste es imprescindible cuando existen barreras que dificultan ejercer o disfrutar sus derechos y en este caso estamos hablando de una tutela efectiva.

En relación a los clientes con discapacidad, y por citar un ejemplo puede ser necesario el auxilio de especialistas en su patología concreta en determinados momentos del proceso, ya sea para que las ruedas de reconocimiento, su testimonio, su exploración, sea fiable. No es infrecuente que se consideren testimonios no fiables precisamente porque quien los ha valorado no lo ha hecho correctamente y encuentra imprecisiones, contradicciones, etc que le restan valor probatorio y todo ello porque ha sido valorado con los mismos criterios que utilizan para una persona "neurotípica". Muchos casos se pierden por esto y los clientes se quedan desprotegidos.

Para nuestros compañeros abogados, también es importante que se permita el uso de determinadas prácticas, tecnología y eliminación de barreras arquitectónicas. Por ejemplo, un abogado en silla de ruedas no podrá subir al estrado. Son detalles, desde la altura de la mesa para que entre la silla de ruedas, rampas, ...

De dichas Jornadas surgió la idea de la creación de la figura de un coordinador de la discapacidad y, a tal fin, esta Junta de Gobierno el pasado día 23 de julio nombró a nuestra compañera Cristina Quijada González como coordinadora de la discapacidad del Ilustre Colegio de Abogados de Albacete.

CONCLUSIONES DEL CURSO SOBRE "ÁMBITO DE PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD"

       Los Jueces y Magistrados asistentes al curso sobre el “Ámbito de protección civil y penal de la persona con discapacidad”, celebrado en Valencia en mayo de 2013, han alcanzado las siguientes conclusiones:

1. Los conceptos de deficiencia y discapacidad no son sinónimos. La deficiencia implica una alteración somática y/o psíquica que no necesariamente implica una discapacidad. Ésta surge cuando, en una deficiencia de larga evolución, se interponen barreras que impiden el pleno desarrollo de la persona con deficiencia.

2. La persona con enfermedad mental o trastorno psíquico no es una persona con discapacidad. Si se dan las circunstancias anteriormente citadas, puede llegar a tener una discapacidad. Hay que huir de las afirmaciones que equiparan enfermedad mental con discapacidad por no ser ciertas.

3. En España no se ingresa (interna) en unidades de agudos de psiquiatría por razón de discapacidad ni por razón de trastorno psíquico; se ingresa cuando una persona con un trastorno psíquico:

a. se ha descompensado psicopatológicamente,

b. la descompensación es grave,

c. requiere tratamiento y éste no puede llevarse en medio ambulatorio

d. la persona no es capaz de decidir por sí misma dada la ausencia de conciencia de enfermedad, la ausencia de conocimiento de causa y la alteración de su voluntad en ese momento.

4. El objetivo del ingreso en unidad de agudos de psiquiatría es el tratamiento de la descompensación psicopatológica.

5. La autorización judicial tiene por finalidad suplir la falta de consentimiento del paciente y controlar que se efectúa con la finalidad terapéutica que tiene el mismo. Dicha autorización se adecua a las exigencias de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y demás tratados internacionales.

6. Esta autorización se presta por el juez con la intervención del médico forense y de los facultativos que atienden al paciente.

7. Caso de que el internamiento se prolongara más allá de un plazo razonable debería ratificarse por el juez con las mismas garantías que para su adopción.

8. Si la situación se mantiene por más de seis meses, el Ministerio Fiscal debería instar el proceso sobre capacidad sin perjuicio de que, finalizado el tratamiento, se reintegre la capacidad del paciente.

9. Las figuras como el patrimonio protegido, los poderes preventivos o las voluntades médicas anticipadas son absolutamente acordes a los dictados de la Convención de Naciones Unidas por lo que sería conveniente realizar una labor de difusión pues, por desgracia, no son conocidas por la sociedad.

10. Es necesaria la comunicación del Registro Civil con los registros de la propiedad y el mercantil en aras a garantizar posibles situaciones de abusos patrimoniales, incluso mediante la inscripción preventiva de los procesos sobre modificación de la capacidad.

11. Convendría concienciar a los Jueces y Magistrados de la figura del “agente facilitador” como medio de comunicación y apoyo a la persona con discapacidad.

12. Desde el punto de vista asistencial se plantea la necesidad de concienciarnos del enorme coste económico, judicial, social y familiar de los internamientos psiquiátricos forzosos a causa de una descompensación de la enfermedad por falta de control. Paradójicamente las ayudas públicas para puestos en residencias y pisos tutelados para enfermos mentales disminuyen.

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