Ilustre Colegio de la Abogacía de Albacete

Albino Escribano: “Sin la abogacía no sería posible trasladar al ciudadano el alcance de la nueva norma que afecta a las personas con discapacidad”

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La Ley 8/2021, para el apoyo de las personas con discapacidad, establece la limitación de la intervención del abogado en los procedimientos de jurisdicción voluntaria. Y sin la abogacía  no sería posible trasladar al ciudadano  la verdadera eficacia y el alcance de la norma jurídica. Así lo ha confirmado Albino Escribano, consejero del Consejo General de la Abogacía Española y decano del Colegio de la Abogacía de Albacete.

Lo ha hecho hoy en la ponencia “Apoyos Judiciales”, dentro de la Jornada “La nueva Ley 8/2021 por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica”, organizada por la Fundación Aequitas, la Fundación ONCE y el CERMI, celebrada en el Congreso de los Diputados.

Escribano ha señalado que “esta ley limita la intervención de los abogados, en los casos de jurisdicción voluntaria, porque hay un juez que tutela todas las actuaciones judiciales y decide, por tanto, suprimir a los abogados”.  Ha recordado que “esa no es la vocación de la ley ni de la abogacía” y que “sin la abogacía  no sería posible trasladar al ciudadano  la verdadera eficacia y el alcance de la norma jurídica”.

El decano ha calificado esta ley de “histórica” porque ha venido a recoger los principios de la Convención de Nueva York y se ha hecho efectivo el derecho fundamental de la autonomía de  estas personas. “La ley supone dejar un traje de fuerza -ha añadido- y hacer un traje a medida, lo que requiere de un sistema de apoyos con ajustes individualizados”.

Pero en ella echa en falta a la abogacía.  En la exposición de motivos de esta ley, ha explicado, se “habla de una transformación de la realidad social que obligará a los `profesionales del derecho´ a adaptarse”. Los profesionales del derecho, según la ley, son los jueces, magistrados, personal de la Administración de Justicia, notarios y registradores. “Y no es así, la abogacía está totalmente incardinada en esta defensa que debe establecerse a los ciudadanos”, ha puntualizado.

El abogado ha vuelto a reclamar que la asistencia jurídica gratuita a este colectivo sea preceptiva en todos los procedimientos, ya que esto provoca una discriminación económica en cuanto a la intervención. “Una persona discapacitada, que no tenga medios económicos, no tendrá un abogado especializado precisamente para ello. La designación de un  abogado o abogada debería ser inmediata”, ha señalado.

La propia disposición segunda de la ley establece que los Colegios de la Abogacía tienen que promover la formación de los colegiados. “La ley lo dice ahora en el 2021. Pero la Abogacía Española lleva desde 2012 formando a especialistas para defender a las personas con discapacidad en los procedimientos”, ha incidido. Por eso, los 83 ICAS, que engloban a 150.000 abogados ejercientes están formando un turno de oficio que empezará en funcionamiento el 1 de enero de 2022, ha informado.

La pretensión de esta ley es el reconocimiento de la capacidad de la persona y, por tanto, “la actividad judicial debe ser lo último, sólo en casos de conflicto”. Mientras tanto, “es fundamental, el sistema de apoyos concretos, medios materiales y humanos  y un equipo multidisciplinar de las personas que asisten a este colectivo”, ha recordado.

Junto a Escribano, participaron Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo; María José Segarra, fiscal desala del Tribunal Supremo; José Luis Seoane, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo y Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo y patrono de la Fundación Aequitas.

Varios expertos en derecho han pedido el compromiso a las fuerzas políticas y la sociedad para hacer efectiva la nueva legislación de apoyo a las personas con discapacidad. En la lectura de conclusiones se ha hecho hincapié en que esta nueva Ley pone en primer lugar la autonomía de la persona, la necesaria formación de todos los operadores jurídicos, la Administración de Justicia y toda la sociedad, la obligación de activar mecanismos culturales para entender a las personas con discapacidad o el deber de crear una Comisión de coordinación para hacer un seguimiento de la implantación de la ley.

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